En un entorno tan cambiante como el tecnológico, la desaparición de empresas o la interrupción de un servicio concreto está a la orden del día. Firmas que proponían una solución basada en un tipo de tecnología que en pocos años ha quedado obsoleta, o ha surgido otra más prometedora, o no ha terminado de cuajar. Según la firma de soluciones de gestión de capital Carta, en el primer trimestre de este año aumentaron en un 58% las quiebras de startups respecto a 2023. Compañías emergentes como Olive AI, desarrolladora de un sistema de automatización de tareas administrativas para centros de salud, o Plastiq, plataforma de pago online, consiguieron en su día importantes rondas de financiación, de varios cientos de millones de dólares, para después declarar la bancarrota. Otras veces se trata de un servicio concreto el que cambia. IBM, por ejemplo, decidió en su día deshacerse de su unidad Watson Health, que integraba inteligencia artificial en sanidad, para centrarse en la parte de cloud y de IA. Hablando de IA, una de las grandes agentes del sector, OpenAI, está en riesgo de quiebra.
¿Qué pasa cuando un proveedor desaparece?
La desaparición de una firma que suministra activos tecnológicos a nuestra compañía puede convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza para la persona encargada de gestionarlo, especialmente si se trata de un proveedor de parte importante de la infraestructura. “Las consecuencias pueden variar, desde interrupciones en los servicios que en el caso de empresas de manufactura pueden llegar a afectar directamente al suministro de producto, hasta la pérdida de datos o la necesidad de migrar a nuevas plataformas, lo que genera costos adicionales, o incluso un daño a la imagen corporativa”, apunta Raquel García, responsable de TI en la compañía de ciencia y tecnología Merck en España.
En el aspecto legal, “pueden llegar a generarse diversas consecuencias jurídicas relevantes”, destaca Rafael García del Poyo, abogado y socio director del Departamento de Derecho de IT/IP del despacho Osborne Clarke en España. “Si, por ejemplo, se produce una interrupción inmediata o gradual de los servicios esenciales prestados por la empresa cliente, seguramente también se producirán efectos en la operativa diaria o en la continuidad del negocio que pueden derivar en incumplimientos contractuales en cadena”. Esto podría llevar a litigios y reclamaciones por daños y perjuicios iniciados por terceras partes afectadas, que a su vez obligarían a buscar urgentemente un proveedor alternativo, “lo cual no sólo implicaría incurrir en costes adicionales, sino también renegociar nuevos contratos, o la posible pérdida de datos o información crítica”, apunta el abogado. La empresa cliente debe plantearse también la posibilidad de recuperar pagos, señala, y podría tener derecho a reclamar compensaciones o participar en el proceso de liquidación.
